supuesta declaración firmada por mí donde reconocía que 4,5 millones eran una “donación anticipada” a Daniela.
La firma se parecía a la mía.
Pero yo jamás había visto aquella hoja.
Contraté a una abogada, Lucía Mendoza.
Su primera recomendación fue sencilla:
—No confronte a nadie más. Primero averigüemos qué otros documentos existen.
La respuesta llegó una semana después.
Había más.
Muchos más.
Tres años atrás alguien había presentado una solicitud para incluir a Daniela como beneficiaria secundaria de una cuenta de inversión que yo utilizaba para mis ahorros.
La modificación había sido rechazada porque faltaba mi verificación presencial.
Un año después hubo otro intento.
Después otro.
Todos incluían información personal que solo mi familia conocía.
—Esto no empezó con la casa —dijo Lucía.
Sentí frío.
Revisamos mis archivos antiguos.
Entonces encontramos algo todavía más extraño.
Siete años atrás, exactamente cuando comencé a ahorrar, mi padre había abierto una carpeta
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