El ejército de Estados Unidos ha confirmado un nuevo y controvertido despliegue que implica el envío de 200 marines a Florida para apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida forma parte de un esfuerzo federal más amplio para reforzar las operaciones de ICE en estados que enfrentan una mayor presión relacionada con la inmigración, incluidos Florida, Texas y Luisiana.

Según las autoridades, los marines no participarán en arrestos ni en acciones directas de control migratorio. Su función estará estrictamente limitada al apoyo logístico y administrativo dentro de los centros de detención de ICE. Entre sus tareas podrían incluirse la coordinación de transporte, labores administrativas y asistencia en instalaciones, permitiendo que los agentes de ICE se concentren en sus responsabilidades de cumplimiento de la ley.

A pesar de estas aclaraciones, la decisión ha generado una fuerte reacción. Los críticos sostienen que la presencia de personal militar uniformado junto a ICE difumina la línea entre la aplicación civil de la ley y las fuerzas armadas, lo que despierta preocupaciones sobre la militarización y las libertades civiles.

Por otro lado, quienes apoyan la medida afirman que el despliegue es legal y necesario para aliviar la carga operativa sin ampliar las facultades de control. El debate público continúa intensificándose, con opiniones profundamente divididas.