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Una jueza federal dio al gobierno de Estados Unidos un plazo de 48 horas para justificar su decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, en medio de un tenso enfrentamiento entre autoridades federales y estatales sobre los límites de los poderes de emergencia y el papel de las fuerzas militares en tareas de seguridad interna.

La acción legal comenzó después de que funcionarios de Illinois presentaran una demanda para frenar el despliegue de la Guardia Nacional federalizada en Chicago. La demanda fue interpuesta por el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, junto con el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. Las autoridades estatales argumentan que la medida viola la soberanía del estado y excede la autoridad legal del presidente.

La orden federal fue emitida la noche del lunes, cuando la jueza del Distrito de Estados Unidos, April Perry —nombrada en 2022— ordenó a los abogados del gobierno presentar una justificación por escrito antes de la medianoche del miércoles. Además, se programó una audiencia para la tarde del jueves, en la que ambas partes discutirán si el despliegue debe continuar o no.

Por ahora, la jueza Perry se negó a emitir una orden de restricción inmediata, lo que permite que el despliegue inicial siga adelante. Alrededor de 200 elementos de la Guardia Nacional provenientes de Texas se espera que lleguen a Chicago para la mañana del miércoles, con la misión de apoyar operaciones federales de seguridad enfocadas en combatir el crimen violento y el tráfico ilegal.